La voz agresiva y desafiante de un hombre empezó a
hablarle sobre una reunión de seguridad con algún comandante. El pequeño
empresario de materiales de construcción pensó que se trataba de una
convocatoria de la Policía y pidió que le aclararán qué comandante citaba la
reunión. La respuesta lo dejó frío: "no se haga el huevón, somos de las
bacrim y lo que necesitamos es plata". Sin dudarlo, el empresario advirtió
que su teléfono estaba intervenido desde hacía mucho tiempo por las
autoridades. Entonces el presunto delincuente colgó lanzando improperios.
Sucedió en una pequeña población del Valle hace apenas una semanas y confirmó
que ahora el peor fantasma de las mipymes ya no es el TLC sino las bandas
criminales que extorsionan desde vendedores callejeros de dulces, por 20 mil
pesos, hasta empresarios que se rompen el lomo todos los días para llevar un
plato de comida a su casa y generar empleo decente.
Desde ese día todos temen levantar el teléfono, porque no
saben sí se trata de un cliente o un delincuente pretendiendo amenazar sus
vidas y las de sus hijos. Algo se rompió en el espiritu empendedor de ese
pequeño empresario. Tal como está ocurriendo en cientos de ciudades de todo el
país, en donde las bandas de extorsionistas se pasean como dueños de casa.
Basta leer el periódico para confirmarlo. El 24 de abril varios medios publicaron
el encuentro entre microempresarios de Medellin que se reunieron para poner en
conocimiento de las autoridades este flagelo. Entrevistado por el diario ADN, el
director de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, afirmó que el comercio en
la ciudad pierde hasta 40.000 millones de pesos al año por las denominadas
‘vacunas’.
Y este domingo 5 mayo se escuchó una detonación en el
sector de Puente Aranda, en el suroccidente de Bogotá. Vecinos del sector
afirman que se trató de una advertencia a comerciantes de la zona pero aún las
autoridades no confirman los verdaderos móviles del atentado que destrozó
ventanas y paredes de viviendas y locales.
Estos son los pocos casos que algunos se atreven a
denunciar, pero cada día las cosas se están poniendo peor para muchos que por
temor prefieren pagar a denunciar. ¿Es posible seguir trabajando por Colombia
cuando una manada de delincuentes acechan a quienes se ganan la vida con no
pocos esfuerzos? ¿Se justifica enfrentar todos los retos de la economía formal
cuando hay tantas amenazas en el submundo de los extorsionistas? ¿Están las
autoridades preparadas para enfrentar con efectividad a estos delincuentes y
proteger la vida y bienes de quienes denuncien?
Hace seis meses viajé a Santa Marta para unos días de
descanso y el ambiente de quienes atienden a los turistas se veía sombrío. Para
nadie es un secreto la oleada de extorsiones que reciben a diario los pequeños
comerciantes de esa ciudad, especialmente de El Rodadero. No hubo una persona
de las que contacté que no se lamentara por el deterioro de la seguridad de la
zona desde que llegó a la presidencia Juan Manuel Santos. ¿Qué pasa realmente
con la seguridad en nuestras ciudades? Basta con prender el radio para quedarse
abrumado con todas las noticias sobre atracos, extorsiones y homicidios en los
que muchas víctimas son personas decentes.
Es el momento de actuar y revisar la estrategia de seguridad
en todo el país, en lugar de continuar con la ridícula campaña mediática que
han emprendido en Casa de Nariño y que causa más malestar que simpatía. De no
hacerlo, muchos micro, pequeños y medianos empresarios se verán forzados a
renunciar a los esfuerzos que durante
tantos años han venido haciendo, generando más desempleo y deterioro social.
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